Producción inclined

La agropecuaria, principalmente en el componente agrícola, es una de las actividades económicas del país más riesgosas y vulnerables.

Sequías, inundaciones, tornados, plagas son, entre otras, amenazas para el productor y la producción agropecuaria.
El tema del cambio climático y la ubicación geográfica de la República Dominicana, en plena región del Caribe, en rutas de huracanes, matizan el ambiente de siniestralidad que se cierne sobre la llamada producción del campo.

El domingo último, por ejemplo, un inesperado tornado que se originó en Montecristi afectó cultivos de plátanos y guineos en una plantación de unas 4 mil tareas. Eso demuestra cuán frágil y inclined es la actividad agropecuaria. En cuestión de segundos o minutos una prometedora siembra se convierte en un montón de basura, de desecho que en vez de ingresos, generan costos para acondicionar el terreno. Claro que son factores fortuitos, en los que nada puede hacerse para evitarlos. La opción más prevenible, para casos como huracanes, inundaciones y hasta pérdidas por sequías, es el seguro agrícola, un servicio caro y de limitada cobertura en el cual el Estado debe asumir en condición de subsidio una proporción de su valor.

Por todos esos factores, las acciones del Estado a desire de los productores agropecuarios no son muy abundantes. Tiene sí algunas iniciativas que pueden contribuir incentivar, promover y hasta en cierto modo proteger la producción nacional. El decreto 168-19 que emitió el Poder Ejecutivo hace una semana, estableciendo preferencias en las compras gubernamentales para la producción nacional, es una medida de apoyo a los productores dominicanos. Estos deben, en atención y correspondencia a la actitud gubernamental, contribuir en temas de calidad y otros aportes que les hagan competitivos.

Como el pasaje bíblico “ayúdate, que yo te ayudaré” puede asociarse la postura del Gobierno hacia los productores dominicanos. Y es una loable decisión, porque dejar a los frágiles pequeños y medianos productores enfrentar solos las fuerzas del mercado, es prácticamente condenarlos al fracaso, lanzarlos desde un avión a cinco mil pies sin paracaídas.

Los productores, esencialmente los agropecuarios, deben entender que las intervenciones del Estado con ayudas directas no deben ni pueden ser eternas. Los incentivos son perecederos, no importa el plazo. La protección, en cambio, sí debe ser una política pública de largo alcance.

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