CIDH pide a Canadá frenar la esterilización forzada y tipificarla como delito

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su preocupación por las denuncias de esterilizaciones forzadas practicadas a mujeres indígenas y pidió poner fin al uso de este método y tipificarlo como un delito.

En un comunicado difundido en Washington, La CIDH apuntó que las esterilizaciones no consensuadas “causan dolor y sufrimiento a las mujeres afectadas y representan una forma de violencia y discriminación de género”.

En ese contexto, instó a Canadá a garantizar el acceso efectivo a la justicia de las sobrevivientes y sus familias, realizar investigaciones imparciales e inmediatas, establecer responsabilidades y tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la práctica de esterilizar a las mujeres contra su voluntad.

Alrededor de 60 mujeres indígenas de la provincia de Saskatchewan, en el centro de Canadá, presentaron una demanda colectiva contra las autoridades locales en las que denuncian que fueron esterilizadas sin su consentimiento expreso.

Según han relatado las mujeres, mientras se encontraban de parto, fueron presionadas para autorizar las esterilizaciones, en algunos casos bajo la amenaza de que no podrían ver a sus recién nacidos hasta que aceptaran la ligadura de trompas.

Las denuncias se refieren a esterilizaciones sucedidas en el país en los últimos 20 o 25 años, aunque algunos casos se produjeron en 2017.

La CIDH indicó que ha recibido, “de manera consistente y sistemática, informes de mujeres, niñas y adolescentes indígenas que afirman haber sido sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento pleno, libre e informado en Canadá”.

El organismo manifestó su preocupación por los informes sobre esterilizaciones realizadas en varias provincias canadienses, incluyendo Alberta, Manitoba, Ontario y Saskatchewan.

“Las mujeres indígenas deben ser tratadas con dignidad y respeto y además están sujetas a protección especial debido a la discriminación histórica que siguen enfrentando”, señaló la comisionada Antonia Urrejola, Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, citada en el comunicado.

Urrejola consideró las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas “una violación totalmente inaceptable de los derechos humanos” y una “expresión flagrante de violencia y discriminación basada tanto en su género como en su origen étnico”.

La Comisión instó al Estado de Canadá “a que ponga fin a la práctica de la esterilización forzada adoptando medidas legislativas y normativas para prevenirla” y tipificarla como delito.

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